La Unión Europea advierte de que no se puede prohibir la compra de vivienda a no residentes en Baleares

La propuesta de Baleares de limitar la compra de propiedades a personas extranjeras restringiría las dos libertades fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales

En los últimos meses, Baleares ha visto como algunos de sus líderes políticos contemplaban la posibilidad de limitar la compra de vivienda a personas extranjeras con el objetivo de regular el precio y la oferta y la demanda del mercado inmobiliario, dentro de sus programas políticos. Esta situación ha generado cierta intranquilidad entre los futuros compradores aunque la realidad es que la Unión Europea ha cerrado cualquier posibilidad a esta idea.

Es cierto que Menorca está creciendo como destino y su atractivo hace especialmente rentable comprar una casa en la Isla ante la subida de los precios en alojamiento y otros servicios. Por eso británicos, franceses y alemanes, entre otras nacionalidades, se muestran tan interesados en adquirir una vivienda en nuestra preciosa Isla.

El mercado inmobiliario está muy activo, las operaciones se están dando constantemente y no existe ninguna señal de que una decisión política pueda prohibir la venta de casas a personas no residentes de la Isla. De hecho, la comisaria europea de Servicios financieros, Estabilidad financiera y Unión de los Mercados de Capitales, Mairead McGuinness, asegura que el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales relacionados con la adquisición de bienes inmuebles.

En ese sentido, McGuinness añade que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece el principio general de la libre circulación de capitales entre los países de la Unión, lo que incluye los derechos de los ciudadanos a comprar propiedades, como una casa de vacaciones o una residencia secundaria. De este modo, la propuesta de Baleares es contraria al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE).

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